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#Nuevas InvestigativasOCA| 2019/02/13

Polarización política en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue un proyecto contemplado desde el año 2000, con fundamento en proyecciones hechas años atrás sobre el crecimiento de la demanda por servicios aeroportuarios. Es así como en 2013, luego de una primera suspensión en razón de denuncias por violación de DDHH, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto contrata estudios que dan vía libre a su construcción en el ex vaso del Lago Texcoco, la cual arranca en 2015.

Cabe mencionar que el ex vaso Texcoco ya había sido objeto de iniciativas de restauración ecológica, en razón de su importancia para la dinámica hidrológica del Valle de México, así mismo, para la regulación climática y como hábitat para diversas especies (p.ej. mediante la conformación del Lago Nabor Carrillo). Es así que esta y otras razones de tipo social y de conveniencia económica, impulsaron al entonces candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador a considerar su continuidad, la cual fue descartada una vez resultó electo a mediados de 2018, tras la cuestionada aplicación de mecanismos de participación que desconocieron Leyes del Congreso de la Unión.

Más allá de las implicaciones de un proyecto en particular, la investigación del Arquitecto Mexicano Cesar Lima (estudiante de intercambio que cursó la asignatura de Conflictos Ambientales), apuesta por desentrañar las complejidades subyacentes a este conflicto ambiental, en el que se entrecruzan variables que van desde las contradicciones en los modos de habitar y apropiarse de un territorio anfibio, pasando por la inconveniencia del proyecto dados los crecientes procesos metabólicos de la Ciudad de México, hasta la instrumentalización de las preocupaciones ambientales para propósitos políticos, lo cual invita a analizar cuidadosamente las motivaciones de los actores inmersos en este tipo de conflictos y si las mismas se corresponden con las actuaciones o discursos que exponen en público. 

Es así como, paradójicamente, el Presidente López Obrador logró tumbar el proyecto NAICM, aplicando un mecanismo de participación que luego usaría para justificar otro de sus proyectos bandera: el Tren Maya con el que se busca potenciar el turismo en la Península de Yucatán, poniendo en riesgo áreas de interés ecológico. 

Cesar Lima es Arquitecto y estudiante de la Maestría en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. Durante el 2° Semestre de 2018, realizó intercambio académico con la Universidad Nancional de Colombia, sede Bogotá. Entre sus temas de Investigación destacan las ciudades latinoamericanas y las ciudades fronterizas 

OMAR FERNANDO CLAVIJO BERNAL
Observatorio de Conflictos Ambientales - OCA
Instituto de Estudios Ambientales - IDEA
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Teléfono: (57+1) 316 5000 Ext. 10579 
oca.unal.edu.co    


#Nuevas InvestigativasOCA| 2019/02/13

Conflicto en torno a la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. – Antioquia

"Hidroituango es un proyecto que viene pensándose de tiempo atrás, de allí que la preocupante situación por la que atraviesa, sea -en realidad- resultado de sucesivas decisiones técnicas y políticas que han desconocido los saberes locales, las preocupaciones de académicos y expertos, así como las consecuencias ya vividas en torno a las afectaciones de otras Hidroeléctricas en el país.

Lo sucedido devela que ha primado el interés económico, el cual pareciera restarle importancia al riesgo cada vez mayor frente a un eventual colapso de la presa, que viene siendo advertido por diversas voces autorizadas en la materia.

Son estos motivos los que han llevado a que el análisis de este proyecto, asumido inicialmente por el Observatorio de Conflictos Ambientales, haya escalado al Instituto de Estudios Ambientales - IDEA que ha convocado a sus diferentes líneas de investigación y a Profesores de otras Facultades de la Universidad Nacional de Colombia, para estudiar el tema desde diferentes enfoques que permitan aportar en su comprensión y posibles salidas a los desafíos que supone"

  • Comunicado del IDEA sobre HIDROITUANGO

    El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA, instituto interfacultades e intersedes dedicado a la docencia, investigación y extensión interdisciplinaria en temas ambientales y que tiene como función aportar a la solución de los problemas y conflictos ambientales, en aras de mejorar la calidad de vida de la población, considera esencial presentar a la opinión pública y a las autoridades del país las principales conclusiones derivadas del conversatorio "¿Quién puede vivir en riesgo permanente? Hidroituango: la zozobra de un megaproyecto mal planificado", llevado a caboel día 14 de junio de 2018 con presencia de los representantes de la comunidades afectadas, docentes, estudiantes y público en general, en un espacio facilitado por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA)...
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  • Análisis sobre el conflicto ambiental de Hidroituango
    Por el Observatorio de conflcitos Ambientales

    La magnitud e implicaciones del proyecto ha exacerbado conflictividades en una zona que no es ajena a las mismas, como se infiere al observar las secuelas que ha dejado el conflicto armado interno, con el agravante que significa el desvertebramiento de las dinámicas sociales allí presentes, tras la alteración del curso natural del río y la situación de riesgo a la que se encuentran expuestas varias comunidades aguas abajo de la represa. En ese orden de ideas, el presente documento pretende aportar en la comprensión del conflicto ambiental en torno a Hidroituango, reconociendo la complejidad que subyace al caso, por lo cual se ha planteado una estrategia de abordaje progresiva en la que se irán incorporando –de manera paulatina– el análisis de cada uno de los ejes que lo integran, los cuales comprenden desde la contextualización del proyecto y del territorio, hasta los debates en torno a la situación de riesgo permanente que sobrevino a la contingencia de finales de abril de 2018.
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  • Relatoría del Foro "Diálogo entre afectados de Hidroituango y Academia - ¿Quién puede vivir en riesgo permanente? Hidroituango: la zozobra de un megaproyecto mal planificado"

    A instancias del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, así como del Movimiento Ríos Vivos, se abrió un espacio para el diálogo horizontal entre representantes de la población afectada, docentes del Instituto y de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), así como de la Facultad de Ciencias de la sede Medellín.

    El encuentro, celebrado el pasado 14 de junio, se da con ocasión de visita realizada a Bogotá de 8 voceros de los damnificados por el Proyecto Central Hidroeléctrica 'Pescadero-Ituango', quienes buscaron espacios no sólo para exponer las problemáticas a las cuales se han visto abocados desde los inicios del desarrollo del proyecto, sino para la búsqueda de apoyos y soluciones que permitan revertir la situación de zozobra en la que viven, dadas las diferentes informaciones que reciben por parte de las entidades estatales, el desconocimiento del nivel real de riesgo que están afrontando y las claras alertas que se evidencian en los territorios ...
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  • Afectaciones a la cultura cañonera del río Cauca
    Por. Yulieth Navarrete Alarcón & Jimena Olaya Cubillos

    Trabajo de la Asignatura de Conflictos Ambientales - Maestría en Medio Ambiente y DesarrolloPMAD -IDEA

    Para este trabajo se concibe un conflicto como un proceso inherente a las relaciones humanas, que se enmarca en ellas a partir de la incompatibilidad de intereses entre dos o más actores (sean individuales o colectivos), o la creencia de obstaculización del alcance de intereses de un actor hacia otro (Valenzuela, 1995). Los elementos que le dan la particularidad, al abordarse uno de corte ambiental, serán desarrollados a lo largo del texto a partir del análisis del conflicto que se desprende de la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango en la cuenca media del río Cauca, departamento de Antioquia.
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#Nuevas InvestigativasOCA| 2019/01/16

Defender y preservar la Sierra y el mar. Megaproyecto en Taganga y punta voladero para el flujo de aceite de palma, hidrocarburos y otras sustancias peligrosas

Punta voladero es una porción orográfica entre el corregimiento de Taganga y el área urbana del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Es conexión fluvial hacia el mar Caribe, colindante a la Sierra Nevada de Santa Marta: territorio ancestral de las comunidades indígenas Wiwa, Kogui, Arhuaca y Kankuamo. Territorio reconocido como Reserva de la biosfera por la UNESCO en 1979  debido a que en  su mar se encuentran ecosistemas marinos de tipo coralino, destacando la presencia de los siguientes zonobiomas: húmedo tropical, desierto tropical, seco tropical del caribe, así como del halobioma Caribe.

Pese a los valores ecológicos y culturales de la región, se ha venido documentando la aparición de problemáticas ambientales entre las cuales destaca la presencia de materia fecal en el mar Caribe (https://goo.gl/AKjTb7), así como de problemáticas sociales como el incremento en el número de hurtos, explotación sexual y precarización laboral, tanto en el departamento de Magdalena como en otros puntos de Colombia, lo cual confirma y configura el deterioro ambiental que afrontan nuestras sociedades.

En tal dirección, surgen voces que señalan la génesis de los conflictos en los procesos de apropiación mediante los cuales los grupos sociales configuran el territorio y aseguran la reproducción y satisfacción de sus necesidades vitales, materiales y simbólicas; los cuales datan del choque intercultural que llevó al  exterminio y mestizaje de las comunidades originarias (https://goo.gl/Jv55S8), encontrándonos en un punto en que predominan visiones utilitarias y funcionalmente  extractivas, que conciben al territorio como generador de renta, fuente de recursos y espacios militarmente estratégicos, en contraposición a las visiones predominantemente simbólico culturales que conciben el territorio como fuente identitaria y de historia, en el cual convergen paisajes naturales, reservas ambientales y espacios sagrados.

Con relación al megaproyecto en punta voladero, entre Taganga y Santa Marta, el cual busca facilitar el flujo de aceite de palma, hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, cabe destacar que ha sido presentado por facciones del bloque hegemónico como la multinacional  Mitsubishi y el  grupo empresarial Daabon,  como una solución para el desarrollo territorial de la región. Sin embargo,  pareciera estar en función de las plantaciones, plantas extractoras, fábricas refinadoras y productoras de aceite de palma, principalmente en el Departamento del Magdalena (https://goo.gl/oc9kCD), reconociendo poco o nulamente las necesidades y visiones de los pobladores del  territorio.

En 2007, el entonces Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta1 emitió la primera resolución  favorable al proyecto. Posteriormente, la Resolución 006002 de 2018 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA habla de un  “atracadero para insumos líquidos” para el transporte 550 mil toneladas al año (dos buques por semana) de  aceites vegetales, crudos de palma, aceite de palmiste, estearinas, aceite de soya, ácidos grasosos, biodiesel, aceites vegetales refinados, petróleo crudo, petróleos tipo castilla, petróleos tipo rubiales,  bases de lubricantes, diesel ACPM, nafta, metanol y soda caústica.

Al primer año de expedirse la primera licencia, se produjo un impacto en el medio abiótico por contaminación hídrica. En efecto, en agosto de 2008 la empresa Terlica derramó 89,9 toneladas de aceite de palma sobre la bahía de Taganga, liberando en los cuerpos de agua sustancias contaminantes que alteraron las condiciones de calidad del agua y con ello las posibilidades de uso y la vida en su interior.

De hecho, este derrame sumado a la construcción del muelle impacta polígonos de interés ambiental, al estar en la misma línea de costa del ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta que, de acuerdo con el informe del Centro para la Ecología Evolutiva y Funcional CEFE, es el ecosistema más irremplazable del planeta2. De igual forma, destaca el reconocimiento que hiciera la ANLA frente al traslape del proyecto con el  ecosistema marino costero de Áreas Coralinas, lo cual abre la posibilidad de impactar ecosistemas sensibles de lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos sedimentarios.

Los riesgos que sobrevendrían a la puesta en marcha del puerto multipropósito tendrían que ver con el aumento de material suspendido y aporte de materia orgánica, degradación de la calidad del aire, alteración de los ecosistemas naturales, alteración del paisaje, pérdida de cobertura vegetal, alteración de recursos hidrobiológicos, riesgo del desplazamiento de la población y pérdida de la seguridad alimentaria por la disminución de la pesca artesanal. Cabe destacar que estos riesgos potenciales han sido identificados por la ONG Gran Simio y la Federación de Mujeres del Magdalena (https://goo.gl/mF9Nt1), así como en el Atlas de Justicia Ambiental en donde el proyecto se encuentra geo referenciado como conflicto ambiental de primer nivel (https://goo.gl/n5NPAF)

Ahora bien, la reducción de las relaciones humanas a un valor económico extractivo ha implicado  una disminución de los servicios ecosistémicos, con el subsecuente riesgo de configurar daños ambientales, a la par que avanzan los procesos de transformación de la vocación turística, ancestral y agropecuaria,  sin que se tenga presente las relaciones sociales y formas de relacionamiento prestablecidas, así como las particularidades culturales e identitarias de la comunidad, todo lo cual contribuye a configurar conflictos ambientales mediados por relaciones de poder e intereses de acumulación, competencia e individualismo.

En la economía capitalista de libre de mercado  globalizado,  la disputa por los recursos naturales se hace progresivamente más aguda por parte de las potencias económicas y actores dominantes,  desplegando un conjunto  de estrategias encaminadas a controlar diversos recursos y factores determinantes en el mantenimiento de sus posiciones hegemónicas en el mundo. En ese contexto, Colombia es escenario propicio para el surgimiento de conflictividades ambientales, al ser uno de los 17  países  megadiversos del mundo, con un 51% de su territorio en ecosistemas marinos (https://goo.gl/GQavNv), tal y como se puede evidenciar con el caso que acá ha sido esbozado.

¿Qué hacer? Al respecto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA y el Centro para el Desarrollo de Actividades de Población – CEDPA (2005) enfatizan en la importancia de la incidencia política, como herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno (P. 21), la cual permite a la sociedad civil influir en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las  Políticas. En ese orden de ideas, todos los actores involucrados en la conservación y defensa de la bahía de Taganga deben diseñar, ejecutar las estrategias de defensa e incidencia en este Territorio, orientadas al buen vivir de los pueblos, la conservación de los ecosistemas y biomas presentes en la bahía y el mar, así como el fortalecimiento del tejido social de las comunidades.  La mejor estrategia es la suma de todas las estrategias.

 

Referencias Bibliográficas

RNDP. 2018. Red Nacional en Democracia y Paz – RNDP

WOLA & CEDPA. 2005. Manual para facilitación de procesos de incidencia política. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA & Centro para el Desarrollo de Actividades de Población – CEDPA. Washington

 

Para conocer más pormenores de este conflicto como detalles del proyecto, afectaciones ecosistémicas y socioeconómicas, actores implicados y una cartografía detallada, lo invitamos a visitar el caso en la plataforma:

https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/26


1 Hoy Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental – DADSA

2 Hacia 2014, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN efectuó similares declaraciones, al referirse a la Sierra Nevada de Santa Marta como uno de los entornos naturales irremplazables de nuestro planeta

 



#Nuevas InvestigativasOCA| 2019/01/16

Puerto multipropósito Las Américas, Taganga (Santa Marta, Magdalena) un conflicto ambiental en ciernes

Este 2018 que cierra fue el año en que se afianzaron las condiciones de un conflicto que seguramente escalará en su intensidad este 2019 que está por empezar: la construcción del Puerto Las Américas en Punta Voladero, Tanganga.

Este Puerto viene pensándose desde 2005 e inicialmente contemplaba la movilización de aceites vegetales y biocombustibles, para lo cual obtuvo licencia ambiental por parte del entonces Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta. Sin embargo, conforme se incrementaban las proyecciones de la oferta exportable de aceite crudo de palma, entre otros derivados (de los que departamentos como Magdalena y Cesar son importantes productores), las escalas del proyecto fueron creciendo lo que llevó a solicitar la modificación del contrato de concesión que otorgara la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI hacia el mes de septiembre de 2015, para la ocupación de zonas marítimas de uso público, así como la modificación de la licencia ambiental que concedería la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA el pasado mes de febrero, la cual amplía –además– el tipo de cargas a movilizar por el puerto, entre esas hidrocarburos y sus derivados.

Son muchas las variables en juego, las cuales comprenden desde la integridad ecológica de la bahía de Taganga, con la presencia de ecosistemas coralinos y su proximidad respecto al Parque Tayrona (en la zona aún se recuerdan los efectos devastadores del derrame de aceite de palma en abril de 2008), hasta el desconocimiento de las expectativas y proyectos de vida de los lugareños, así como del derecho que les asiste a las comunidades Kogui y Wiwa que no fueron consultadas, pese a que el proyecto se ubica al interior de la Línea Negra. En el fondo se debate la conservación de los valores ecológicos de Taganga (pese a que los promotores del puerto aleguen estar lejos de centros poblados y en un área degradada ecológicamente) y la continuidad de la vocación turística y pesquera del lugar, de cara a las pretensiones de una de las familias más poderosas del Departamento: los Dávila Abondano que controlan el Grupo DAABON y la Sociedad Portuaria Las Américas, recordados por estar inmersos en escándalos como Agro Ingreso Seguro.

Este será uno de los nuevos conflictos que el Observatorio contribuirá a visibilizar este 2019.



#Nuevas InvestigativasOCA| 2018/06/27

Implicaciones del uso descontrolado de plagicidas. Reflexiones tras la muerte de los cóndores andinos en la Sierra Nevada de Santa Marta

por: Omar Fernando Clavijo Bernal - Investigador Observatorio de Conflictos Ambientales

Finalizando el pasado mes de enero, en el corregimiento de San Pedro en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Ciénaga (Magdalena), se reportó la muerte de dos cóndores andinos (Vultur gryphus): un ave carroñera, perteneciente a la familia Cathartidae, la cual “cumple una importante función ecológica al acelerar la descomposición de la carroña y al reducir la probabilidad de transmisión de enfermedades a los mamíferos silvestres por contacto con la carroña [y que, además,] tiene gran relevancia cultural ya que es un símbolo de los pueblos andinos” (PNN, 2018).

Tras especulaciones que apuntaban a un presunto envenenamiento intencional de los dos individuos, pertenecientes a una especie catalogada como en peligro de extinción por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)1, se conoció que el preocupante suceso obedeció a una “intoxicación debido a la ingestión de trozos de carne contaminada con carbofuranos”: un ingrediente activo caracterizado por su alta toxicidad y que está presente en cerca de 30 plaguicidas químicos de uso agrícola, según el listado emitido por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Lo alarmante de la situación tiene que ver  con el hecho de que “su venta se encuentra cancelada en el territorio colombiano desde el año 2009”, según datos citados por el comunicado del Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuyo contenido transcribimos en su totalidad.

Llama la atención que se sigan empleando este tipo de plaguicidas lo cual, aparte de la prohibición para los que tengan este ingrediente activo en particular, contraría el principio de comunicación del riesgo presente en la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, entendido “como el proceso de interacción e intercambio de información entre los diferentes actores, en torno a los posibles riesgos para la salud humana y el ambiente, así como la forma de reducirlos”. De hecho, este principio se encamina a entablar canales de comunicación que permitan la participación de quienes estén expuestos a los residuos peligrosos (RESPEL), informando de manera adecuada la prevencion y manejo de los mismos (MAVDT, 2005).     

La materialización de este y otros principios contenidos en la Política, enfrenta desafíos mayúsculos en materia de gestión y programas de posconsumo de plagicidas, teniendo en cuenta la incidencia de variables culturales en el manejo de estos productos tóxicos, cuyo uso se ha incrementado de manera considerable como reflejan estudios del Banco Mundial para Colombia. Según dichos estudios, la importación de plagicidas se elevó un 360% entre 1995 y 2015, lo cual explica el que la “intoxicación por plaguicidas [ocupe] el segundo renglón de las emergencias que se presentan en el país, [después de] los envenenamientos provocados por medicamentos”. En efecto, esto responde “al desconocimiento de los agricultores que consideran que mientras se aplique mayor cantidad de plaguicidas en sus cultivos, mejor será la producción, [así como al] poco acompañamiento de las autoridades, que no llegan con capacitaciones para detener el problema” (UNIMEDIOS, 2015).

En tal dirección, evitar sucesos lamentables como el de los cóndores en Ciénaga, así como los riesgos sobre la salud humana y el entorno natural en general, pasa por la observancia de las entidades competentes en la regulación de este tipo de productos, estrategias asertivas de educación dirigidas a los productores agropecuarios sobre las implicaciones en el uso indiscriminado de los mismos, entre otras medidas que concreten lo dispuesto por la Política antes anotada. Y, quizás, lo más importante, la necesidad de programas de posconsumo para este y otros tipos de RESPEL como las baterías usadas plomo ácido, que involucren a todos los actores relacionados con su generación para que se apropien de disposiciones normativas como la dispuesta en el Artículo 17 de la Resolución 1675 de 2013 que establece, entre otros puntos, la prohibición de “[abandonar] los residuos posconsumo de plaguicidas en ríos, quebradas o cualquier sitio del espacio público ya sea rural o urbano”.

Referencias Bibliográficas

  • EL TIEMPO. 2018. Investigan muerte de dos cóndores en la Sierra Nevada de Santa Marta (30 de enero de 2018). Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-muertos-dos-condores-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-176772 Fecha de acceso: 26 de junio de 2018
  • MAVDT. 2005. Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 122 p.
  • MADS. 2013. Resolución 1675 de 2013 ‘Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas’. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
  • PNN & Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco. 2018. Resultados de la investigación sobre la muerte de 2 cóndores en la Sierra Nevada de Santa Marta. Comunicado a la opinión pública. Junio 26 de 2018
  • UNIMEDIOS. 2015. En 20 años Colombia aumentó uso de plaguicidas en un 360 % Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/en-20-anos-colombia-aumento-uso-de-plaguicidas-en-un-360.html Fecha de acceso: 03 de junio de 2018

Comunicado

por: El Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco & Parques Nacionales Naturales de Colombia

Comunicado a la opinión pública – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN sobre la muerte de dos ejemplares de cóndor (Vultur gryphus), que aparecieron “en inmediaciones del páramo de La Cebolleta, sector de la cuenca alta del Río Sevilla de la Sierra Nevada de Santa Marta”

“Una vez extraídos los dos cóndores de la zona, la comisión terrestre realizó los protocolos correspondientes para la toma de información y el manejo de los restos de un novillo muerto encontrado junto a los cóndores, para evitar la ocurrencia de otros posibles casos de afectación de fauna en la zona. Los cuerpos de los cóndores fueron trasladados hasta la ciudad de Santa Marta por parte de la Fuerza Área Colombiana, depositados en congelador del INVEMAR y luego llevados al  laboratorio del Instituto Alexander von Humboldt en Bogotá donde se congelaron. Posteriormente se realizó la necropsia de los animales por parte de expertos del Humboldt, médicos veterinarios y profesionales de Parques Nacionales. Seguidamente gracias al apoyo del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Cartagena se hicieron pruebas de los contenidos estomacales obtenidos de la necropsia.

Contando con los informes de campo, de la necropsia y de los resultados del laboratorio de Ecotoxicología, se realizó una reunión entre expertos del Instituto Alexander von Humboldt, CORPAMAG, Parques Nacionales y autoridades y líderes del pueblo Kogui, donde se analizaron los resultados. Se encontró que a partir de los exámenes físicos, las secreciones halladas en los cuerpos, las condiciones de las muestras recuperadas en la cavidad gástrica, así como los resultados de los análisis toxicológicos, se puede inferir que existen evidencias para sugerir que las muertes de los dos ejemplares de cóndor pudieron haber ocurrido por intoxicación debido a la ingestión de trozos de carne contaminada con carbofuranos, ya que estos fueron los únicos elementos extraños hallados dentro de las dos aves.

Una vez revisado el registro de venta de plaguicidas químicos de uso agrícola a junio 15 del 2018, los productos registrados cuyo ingrediente activo es Carbofuran, y según el listado emitido por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), son alrededor 30 a pesar de que su venta se encuentra cancelada en el territorio colombiano desde el año 2009 debido a su alta toxicidad.

En el lugar donde ocurrieron los hechos se evidencian presiones sobre estos ecosistemas ambientalmente sensibles asociados con ganadería, turismo y expediciones sin permisos del Resguardo y la autoridad ambiental.

Los hallazgos generaron gran preocupación en todas las entidades participantes y en especial en las autoridades indígenas, quienes decidieron iniciar las investigaciones al interior de la comunidad, de acuerdo a sus normas culturales. Igualmente se acordó realizar una reunión de carácter interno con las autoridades de los sectores de San Javier, Ulezhi y Palestina para analizar la situación y tomar las medidas correspondientes en términos de responsabilidades y medidas de control para evitar que se vuelvan a presentar situaciones similares.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita el apoyo de las entidades competentes con el control, regulación y sanción a la comercialización de sustancias altamente tóxicas, así como con el proceso de investigación para esclarecer cómo estas sustancias se comercian y llegan a lugares tan remotos y de alta sensibilidad ambiental.

El Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco y Parques Nacionales agradecen el valioso apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Instituto Alexander von Humboldt, CORPAMAG y al Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Cartagena, quienes fueron unos aliados muy valiosos en el proceso de esclarecimiento de esta lamentable situación y se espera que, a partir de las medidas que se tomen, no se vuelvan a presentar hechos similares en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en ninguna área protegida”



OPINIÓN | 2018/06/25

Los peligros de modificar la Reserva Thomas van der Hammen

por El Instituto de Estudios Ambientales y el Observatorio de Conflictos Ambientales

El principal objetivo de la Reserva Thomas van der Hammen ha sido y deberá seguir siendo fortalecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, conectando los ecosistemas potenciales (que necesitan ser restaurados) desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, así como contener el crecimiento de la ciudad en el borde norte.

La EEP es imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad en el Distrito Capital, condición necesaria para la resiliencia climática y la provisión de beneficios ecológicos para los capitalinos, y en general para la región. Sin embargo, la Administración Distrital actual considera que las restricciones a la urbanización que operan en esta zona – con tratamiento de suelo rural y de reserva forestal – no han sido efectivas para controlar un crecimiento que se presenta a su juicio “desordenado”. Igualmente,  afirma que se ha ejecutado menos del 1% del presupuesto requerido para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva, expedido en 2014, pues no ha sido una prioridad para las diferentes administraciones, ni para las entidades que concurren en su gestión, y que además no cuentan con “mecanismos de financiación” para esto (Propuesta Alcaldía Cap. 1 p.14) [ver artículo "11 años después: la tardía declaratoría de la Reserva Thomas van der Hammer por parte de la CAR"]. Es decir, desde su declaración la Alcaldía y la CAR se han cruzado de manos mientras la Reserva (o su posibilidad) se desvanece ante un desarrollo urbanístico que–según el equipo de la alcaldía que lidera la propuesta– ya no tiene marcha atrás.

El asunto de la “inevitable” urbanización de la zona norte es fundamental porque ahí reside el sesgo de la propuesta que pretende modificar la Reserva. Las bondades del esfuerzo técnico de establecer los “corredores ecológicos”, los pasos de fauna, la incorporación de nuevas áreas como rondas de quebradas y humedales, y el cambio de categoría de reserva forestal productora a reserva forestal protectora, se vienen al piso cuando se contemplan escenarios con una matriz urbana que circunda y rellena las grandes áreas sustraídas a la Reserva. De ese modo, se desarticula la zonificación actual que concentra las áreas dedicadas a la preservación y restauración en un espacio continuo e ininterrumpido, dando paso a unos fragmentos que mezclan coberturas naturales con alamedas, separadores, caminos e instalaciones deportivas, en la vecindad de calles y autopistas que, sin duda, servirían para incrementar el valor del metro cuadrado de los proyectos urbanísticos, pero que minan su funcionalidad ecosistémica. Así lo han advertido los profesores de la Universidad Nacional Orlando Rangel y  Gary Stiles y la Doctora  Loreta Rosselli, expertos en la materia.

Resulta claro que el estudio de la Alcaldía ignora el enorme impacto negativo que tendría sobre la Reserva, la vecindad de tales urbanizaciones, dado que, como toda área protegida, requiere un área de amortiguación y una continuidad en sus corredores, no un manejo fragmentado que la presione en su borde. Cualquier complejo urbanístico ubicado en el área  de influencia genería altos impactos ambientales relacionados, (principalmente) por ejemplo, con:  los vertimientos que presionarían probablemente un sistema de tratamiento de aguas residuales ya desbordado, afectando aún más los cuerpos hídricos. (Adicionalmente,) Y la masiva infraestructura vial proyectada, insistiendo en nuevas líneas de Transmilenio y su tóxica estela de diésel, la generación de residuos y en general la  contaminación auditiva y visual, que modificarían el carácter rural de la zona noroccidental de la ciudad (y) comprometiendo los objetivos de conservación de la Reserva y en general, el bienestar social de largo plazo a cambio del beneficio privado de las empresas constructoras y de los grupos sociales que pueden pagar y añoran vivir en la zona norte con espacios verdes reservados. Al respecto, cabe mencionar que ya avanza la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima que mejorarán la movilidad en el borde norte1, sin tener en cuenta otras modalidades de transporte viables como podría ser el tren de cercanías.

Tras analizar 4 escenarios, el estudio presentado por la Alcaldía se decanta por el que propone una “Reserva redelimitada en matriz urbana”, afirmando que dicha opción no afecta la conectividad de los hábitats terrestres y es la que ofrece mayor movilidad (¡y menores emisiones!), espacio público, calidad habitacional, espacios verdes efectivos y no efectivos, oferta de equipamientos y la que “cumple mejor con el objetivo de acercar la población a la naturaleza” (Cap. 7C p. 6, 16-18)2. Como se puede ver en el capítulo 7C del estudio, la Alcaldía pierde el foco en la reserva concentrándose en defender las bondades de un eventual desarrollo urbanístico (pareciera más un estudio sobre un eventual proyecto urbanístico que sobre la delimitación de una reserva  forestal protectora).

Otra de las justificaciones del estudio para terminar de urbanizar el norte de la ciudad, teniendo en cuenta que el proyecto vecino “Ciudad Lagos de Torca” abarcará 1800 hectáreas y alojará cerca de medio millón de personas3, es asegurar que sólo de este modo se pueden financiar los componentes ambientales involucrados. Es decir, ¿si no es por medio del negocio de la urbanización, la Alcaldía no encuentra otros medios para atender los desafíos que impone el cambio climático, el cuidado de las rondas de las quebradas y la protección de la biodiversidad? Lo cual resulta irónico, ya que la expansión urbana es parte del problema… Entonces, ¿cómo hacerle entender al Alcalde que los programas ambientales no son un capricho, ni lujo, sino un derecho de la ciudadanía y una necesidad de cara a la sostenibilidad de la ciudad?

Como se ha subrayado insistentemente desde la década de 1970, el crecimiento ilimitado en un mundo finito no sólo no es sostenible, sino que no es posible. Sin duda habrá un mercado para las viviendas que proyecta el Alcalde con beneficio de algunos pocos bolsillos –de por sí ya abultados–, pero será un mercado del cual seguirán siendo excluidos los marginados del desarrollo que día a día engrosan las periferias y los remanentes de los ecosistemas hídricos que comprende Bogotá.

Como señala el geógrafo británico y connotado estudioso de los fenómenos urbanos, David Harvey, ya no se construyen ciudades para vivir en ellas sino para invertir en ellas4. Quizás para algunos sea una buena inversión, pero no será una solución para la segregación socio-espacial que esgrimen los que proporcionan estos proyectos (Cap. 7C p.17), ni para la sostenibilidad de la ciudad ni mucho menos para el ambiente.

Mirar, por ejemplo, los efectos de la urbanización en Chía promovida como un acercamiento a la naturaleza, de la cual ya queda muy poco, con obligación de comprarle agua al acueducto de Bogotá, o el caso del Relleno Sanitario de doña Juana que se ha venido ampliando temerariamente tanto su “vida útil” como su extensión en más de 500 Ha, sin buscar una solución de fondo. La expansión urbana en el borde sur de la ciudad ha estimulado la migración de miles de personas que no cuentan con las dotaciones urbanas adecuadas y cuya calidad de vida se ve fuertemente deteriorada, proceso que va de la mano con la destrucción del patrimonio ambiental y cultural de la ruralidad (Modelo de Ocupación Territorio Borde sur . Secretaria de Planeación 2015). Fomentar -en lugar de contener- el crecimiento de Bogotá es una irresponsabilidad mayúscula.

Así las cosas, si la Reserva se modifica de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía, el paso siguiente será modificar el uso del suelo en la Unidad de Planeación Rural Zona Norte a suelo de expansión urbana, que es –a todas luces– a lo que apunta la administración Peñalosa, ¿dónde quedará entonces espacio para el ambiente sano y la calidad de vida urbana y rural de las y los habitantes de la ciudad? ¿queremos de Bogotá una ciudad para vivirla o para sufrirla? Es claro que la propuesta responde a intereses económicos y políticos acudiendo a  justificaciones técnicas,  y no a intereses ambientales como inicialmente se concibió la Reserva.

Referencias

Estudios de soporte requeridos para la solicitud de realinderamiento, recategorizacion y sustracción para la reserva forestal productora regional Thomas van der Hammen en contexto con la UPR Norte y con la red de paisaje circundante. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación (2018). Disponible en: http://bogota.gov.co/van-der-hammen/informes-y-estudios.html

 

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2 También afirma cosas que no se entienden como “el Escenario 4, sin utilizar una mayor cantidad de suelo sería el más poblado y denso, lo cual genera una optimización del uso del suelo y permite su protección a nivel regional para la provisión de alimentos” (Cap. 7C p.16)

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3 Sumando a esto que las edificaciones pueden tener más de 8 pisos de alturas, afectando la funcionalidad de los corredores, los flujos de aves, insectos, etc., según el Decreto Distrital 088 de 2017.



#NuevasInvestigativasOCA| 2018/06/06

La estela detrás de la explotación del carbón en el centro del Cesar: afectaciones asociadas a su transporte y embarque

Es común asociar al extractivismo con la explotación de riquezas naturales que dan lugar a ciclos de bonanza, muy dependientes de ciertos umbrales de rentabilidad los cuales propician crecimientos sociales y económicos alrededor de los yacimientos, sin que los mismos establezcan “encadenamientos productivos permanentes con unidades económicas locales” (Pérez, 2011). Sin embargo, el extractivismo debe leerse como una cadena que involucra actividades más allá de la explotación de recursos en sí misma: en efecto, para llegar a sus lugares de destino, dichos recursos naturales deben ser movilizados, mientras que su extracción y utilización significa la generación de residuos, con lo que sus implicaciones claramente trascienden el lugar en donde ocurre la explotación.

Tal es el caso de la explotación de carbón en el centro del Cesar, donde la apuesta extractiva empieza a hacerse evidente con la suscripción de contratos en las postrimerías de la década de 1980, entre la estatal CARBOCOL (actual Agencia Nacional de Minería) y transnacionales como la estadounidense Drummond y PRODECO, filial de la suiza Glencore. Estos contratos buscaban la explotación de grandes minas como La Loma, cuya entrada en operación supuso un desafío mayúsculo pues las previsiones de hacerla efectiva para mediados de la década de 1990 se vieron amenazadas por la inexistencia de medios de transporte y de lugares de embarque para su posterior exportación. De hecho, para aquellas fechas el transporte se hacía mediante tractomulas con los costos que ello representaba, dado el menor volumen de carbón transportado, así como los riesgos presentes en las vías por las que se adelantaba la movilización de la carga, en un contexto en el que arreciaban los ataques guerrilleros contra este tipo de medios de transporte.

Tan solo el Consorcio Público Privado INTERCOR-CARBOCOL que explotaba las minas de El Cerrejón en La Guajira (hoy bajo control total de transnacionales) disponía de vías férreas las cuales incrementaban la competitividad, considerando la reducción en los costos de transporte que dicha infraestructura facilita.

Otro de los cuellos de botella a los que se enfrentaron los nuevos jugadores, tenía que ver con los puntos de embarque para la posterior exportación del carbón: nuevamente, el consorcio CARBOCOL-INTERCOR mandaría la parada en la materia, gracias al megapuerto ubicado en Puerto Bolívar por el que evacuaban los enormes volumenes de carbón extraídos en Albania, Hatonuevo y Barrancas (La Guajira). Los demás exportaban en los muelles de Santa Marta y Barranquilla, los cuales contaban con menor capacidad.

En ese orden de ideas, la década de 1990 sería un período de búsqueda constante de alternativas para destrabar el transporte y el embarque de carbón, el cual generaría acaloradas discusiones sobre el punto por el que se exportaría este material energético, llegando a contemplar –incluso– a Bahía Concha al interior del Parque Nacional Natural Tayrona. De igual forma, la rehabilitación del corredor férreo entre Bogotá y Santa Marta estuvo atravesada por las controversias, dadas las cuantiosas inversiones en el ramal La Loma-Ciénaga (entre los departamentos del Cesar y Magdalena) que claramente fueron pensadas para facilitar la movilización de carbón de las nacientes minas: recursos que giró la estatal FERROVÍAS (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) al consorcio Conciviles-Odebrecht, cuyas obras iniciaron en 1995 y finalizaron dos años más tarde con notables sobrecostos (el monto global, a precios de 1997, fue de US$145 millones), para luego ser concesionada a la estadounidense Drummond.

Por su parte, la construcción de un megapuerto alterno al de Puerto Bolívar (La Guajira), recibiría un impulso considerable gracias al CONPES 2825 de 1995, a partir del cual se conformaría PROPUERTOS: una promotora integrada por los grandes carboneros (menos Drummond y El Cerrejón) que tuvo en sus manos, entre otros puntos, la identificación de los posibles lugares en el que se ubicaría el Puerto. Esta discusión tampoco fue sencilla, pues condujo a una disyuntiva frente a la vocación que quería dársele a varios puntos del litoral Caribe, al involucrar lugares emblemáticos como Bahía Concha, bahía Zuñiga o Punta Betín (Santa Marta, Magdalena), el costado derecho de la desembocadura del río Magdalena al lado de la Vía Parque Isla de Salamanca o entre el río y la ya menguada Ciénaga de Mallorquín (Barranquilla) e –inclusive– la turística Barú en la ciudad de Cartagena (Bolívar), para finalmente ubicarse en Ciénaga (Magdalena): municipio vecino de Santa Marta que corrió con tal suerte gracias a la priorización dada al tema y a la presión ejercida por varios sectores productivos samarios, los cuales rechazaron la ubicación del puerto en la ciudad en razón de los impactos que trarería sobre el turismo.

Lo que no anticipaban era que los impactos ambientales asociados a la actividad de transporte y embarque de carbón (p.ej. la emisión del polvillo de carbón) no tienen en cuenta barreras administrativas, por lo que los mismos se harían extensivos a la bahía de Santa Marta que vería desmejorados sus valores paisajísticos, más aún, considerando la modalidad de embarque indirecto mediante barcazas que propició el deterioro ambiental, debido a hechos concretos como –por ejemplo– los hundimientos que motivaron la expedición del Decreto 3038 de 2007, el cual ordenó el cargue directo a partir del primero de enero de 2014. Similar panorama se registraría en medio de las poblaciones vecinas a las vías férreas por donde se moviliza el carbón, las cuales vieron rota la continuidad de sus territorios lo que dificultó la movilidad. A ello se sumaría la mayor incidencia de enfermedades asociadas al polvillo de carbón, el desplazamiento de familias que han ocupado la zona desde hace muchos años, entre otros efectos negativos.

Estos y otros temas son objeto de los análisis que está construyendo el Observatorio, alrededor del conflicto por el transporte y embarque de carbón entre los departamentos de Cesar y Magdalena. Para mayor información sobre la Ficha y Cartografía del caso, así como de varias de las Fuentes que sirvieron para la redacción de esta nota, visitar ‘Transporte y embarque de Carbón – Drummond - PRODECO – Cesar y Magdalena’, en: http://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/5   

Testimonios para piezas de comunicación

Extraídos de Silva et al. (2011)

Afectación en la pesca (litoral)


Lucy Blanco (12 de noviembre de 2009, Ciénaga)

“Bueno, en sí, en sí, mi esposo ahora mismo no está activo como le comenté, el señor de ahí no está activo y los demás si están pescando pero no aquí, en La Guajira. Se van a La Guajira, duran quinces días por allá, hacen la platica que hacen y se la traen acá a las mujeres, le hacen la compra, vuelven y se van. (…). En sí, en sí, la mujer es la cabeza del hogar porque el marido nunca está, porque ellos están por fuera, en la pesca. Ellas responden por el hogar. Esos cambios se generó ahora porque en esté mar había pesca’o. Vuelvo y le repito, se ha incrementado prácticamente el desempleo. Muchos no están haciendo nada, otros no tienen las condiciones de pronto para irse para allá a pescar. Otros se han quedado manejando ciclo taxis, moto taxis. Algo que nunca había hecho lo están haciendo ahora porque tienen mujeres, tienen hijos, tienen obligaciones”

 


Afectaciones del tren (corredor férreo)

Entrevista a Walberto Pertúz (julio de 2009)

(..) El tren pasa toda la noche y eso no deja dormir a uno, el estropicio se siente, tra, tra, tra,… (…) nos hemos quejado con la Policía, la tos persistente, mi hijo tiene tos, se ahoga, y eso es a lado y lado de la línea, los niños moqueando y hasta se desmayan porque se ahogan. Y como van las cosas va a ser peor, los trenes van más consecutivamente, cada vez más rápido, el pito más duro, los niños se asustan con ese pito. Esto demanda una gran indemnización porque esta línea no es un tren de carbón, esa es un tren de pasajeros. Aún así, se hicieron la norma para quedar así, no como antes, por donde llegaba el tren, llegaba a vender uno empanadas en la estación, yo trabajé ahí, vendí ahí, porque creaba fuentes de empleo, la gente viajaba en el Expreso del Sol , se movía todo, pero con la norma que es del tren de carbón, de ahora no se mueve nada”  

Referencias Bibliográficas

DNP. 1995. CONPES 2825 del 22 de noviembre de 1995 – ‘Estrategia para el desarrollo de un puerto carbonero integrado en la Costa Caribe para los carbones del Cesar, Córdoba y el interior del país’
Pérez, B. 2011. Historia de la captura de las rentas públicas en los Llanos Orientales. En: Romero, M (Editor). 2011 La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Corporación Nuevo Arco Iris. Pp. 75-148
Silva, F., Ardila, E. Ternera, C. & Giraldo, J. 2009. Imágenes y relatos sociales de la actividad carbonera en el Cesar y el Magdalena. Santa Marta DTCH: Editorial UNIMAGDALENA. Universidad del Magdalena, ORALOTECA – Grupo de Investigación sobre Oralidades



#NuevasInvestigativasOCA| 2018/06/06

La minería “ilegal” y la Gran Colombia Gold en el Nordeste Antioqueño. Municipios de Segovia y Remedios - Investigación en curso

En la actualidad, grandes medios de comunicación e incluso, entidades nacionales como la Contraloría, se acercan a la minería priorizando su interés en la que denominan como ilegal, ya que afirman que cerca del 80% de las actividades mineras en el país se hacen bajo esta modalidad.

in embargo, además del daño en los ecosistemas, la deforestación que ésta genera y la alerta que ha desencadenado por el uso de químicos contaminantes como el mercurio y el cianuro, la formalización de los pequeños mineros ha sido un asunto pendiente para los gobiernos nacionales desde hace varios años.

Es por lo anterior y con el ánimo de aprender y aportar en el debate, que el Observatorio de Conflictos Ambientales, junto a una egresada de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo de Investigación Poder y Territorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, viene abordando, desde hace tres meses, el conflicto ambiental por Minería de oro en el Nordeste Antioqueño. A finales de junio, ya estarán publicados los resultados en nuestra plataforma interactiva.

En esta investigación el OCA ha centrado su atención en los municipios de Segovia y Remedios, que hoy son un Distrito Minero, pero que además han sido lugares icónicos en la producción aurífera en el país.

Allí conviven la Gran Colombia Gold y la pequeña y mediana minería. Por tanto, el análisis en este territorio reviste especial importancia, dado que posibilita comprender la transformación en la presencia de empresas extranjeras en las regiones, pero al tiempo, la relación que las mismas establecen con la pequeña minería.

Los reclamos que hace un tiempo han venido visibilizando los pequeños mineros tienen que ver con el reconocimiento de esta actividad como un ejercicio ancestral o un medio para su subsistencia. A través de diferentes movilizaciones exigen que se discuta la categoría”ilegal”, pero que de la misma forma, el Estado promueva la satisfacción de los derechos de las personas que viven en el nordeste antioqueño, en un contexto de conflicto armado y violación de Derechos Humanos.

Hace casi un mes la prensa anunciaba que la extracción de oro en el país se duplicaría gracias a la inversión que empresas extranjeras hacen en Antioquia, en los complejos de Santa Rosa, Cisneros y Buriticá.

Con toda seguridad esta investigación del OCA permitirá avanzar en la comprensión de la actividad minera en el país que, de acuerdo a lo anunciado, aumentará.