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#AmbienteNormativoOCA| 2018/06/27

Implicaciones del uso descontrolado de plagicidas. Reflexiones tras la muerte de los cóndores andinos en la Sierra Nevada de Santa Marta

por: Omar Fernando Clavijo Bernal - Investigador Observatorio de Conflictos Ambientales

Finalizando el pasado mes de enero, en el corregimiento de San Pedro en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Ciénaga (Magdalena), se reportó la muerte de dos cóndores andinos (Vultur gryphus): un ave carroñera, perteneciente a la familia Cathartidae, la cual “cumple una importante función ecológica al acelerar la descomposición de la carroña y al reducir la probabilidad de transmisión de enfermedades a los mamíferos silvestres por contacto con la carroña [y que, además,] tiene gran relevancia cultural ya que es un símbolo de los pueblos andinos” (PNN, 2018).

Tras especulaciones que apuntaban a un presunto envenenamiento intencional de los dos individuos, pertenecientes a una especie catalogada como en peligro de extinción por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)1, se conoció que el preocupante suceso obedeció a una “intoxicación debido a la ingestión de trozos de carne contaminada con carbofuranos”: un ingrediente activo caracterizado por su alta toxicidad y que está presente en cerca de 30 plaguicidas químicos de uso agrícola, según el listado emitido por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Lo alarmante de la situación tiene que ver  con el hecho de que “su venta se encuentra cancelada en el territorio colombiano desde el año 2009”, según datos citados por el comunicado del Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuyo contenido transcribimos en su totalidad.

Llama la atención que se sigan empleando este tipo de plaguicidas lo cual, aparte de la prohibición para los que tengan este ingrediente activo en particular, contraría el principio de comunicación del riesgo presente en la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, entendido “como el proceso de interacción e intercambio de información entre los diferentes actores, en torno a los posibles riesgos para la salud humana y el ambiente, así como la forma de reducirlos”. De hecho, este principio se encamina a entablar canales de comunicación que permitan la participación de quienes estén expuestos a los residuos peligrosos (RESPEL), informando de manera adecuada la prevencion y manejo de los mismos (MAVDT, 2005).     

La materialización de este y otros principios contenidos en la Política, enfrenta desafíos mayúsculos en materia de gestión y programas de posconsumo de plagicidas, teniendo en cuenta la incidencia de variables culturales en el manejo de estos productos tóxicos, cuyo uso se ha incrementado de manera considerable como reflejan estudios del Banco Mundial para Colombia. Según dichos estudios, la importación de plagicidas se elevó un 360% entre 1995 y 2015, lo cual explica el que la “intoxicación por plaguicidas [ocupe] el segundo renglón de las emergencias que se presentan en el país, [después de] los envenenamientos provocados por medicamentos”. En efecto, esto responde “al desconocimiento de los agricultores que consideran que mientras se aplique mayor cantidad de plaguicidas en sus cultivos, mejor será la producción, [así como al] poco acompañamiento de las autoridades, que no llegan con capacitaciones para detener el problema” (UNIMEDIOS, 2015).

En tal dirección, evitar sucesos lamentables como el de los cóndores en Ciénaga, así como los riesgos sobre la salud humana y el entorno natural en general, pasa por la observancia de las entidades competentes en la regulación de este tipo de productos, estrategias asertivas de educación dirigidas a los productores agropecuarios sobre las implicaciones en el uso indiscriminado de los mismos, entre otras medidas que concreten lo dispuesto por la Política antes anotada. Y, quizás, lo más importante, la necesidad de programas de posconsumo para este y otros tipos de RESPEL como las baterías usadas plomo ácido, que involucren a todos los actores relacionados con su generación para que se apropien de disposiciones normativas como la dispuesta en el Artículo 17 de la Resolución 1675 de 2013 que establece, entre otros puntos, la prohibición de “[abandonar] los residuos posconsumo de plaguicidas en ríos, quebradas o cualquier sitio del espacio público ya sea rural o urbano”.

Referencias Bibliográficas

  • EL TIEMPO. 2018. Investigan muerte de dos cóndores en la Sierra Nevada de Santa Marta (30 de enero de 2018). Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-muertos-dos-condores-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-176772 Fecha de acceso: 26 de junio de 2018
  • MAVDT. 2005. Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 122 p.
  • MADS. 2013. Resolución 1675 de 2013 ‘Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas’. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
  • PNN & Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco. 2018. Resultados de la investigación sobre la muerte de 2 cóndores en la Sierra Nevada de Santa Marta. Comunicado a la opinión pública. Junio 26 de 2018
  • UNIMEDIOS. 2015. En 20 años Colombia aumentó uso de plaguicidas en un 360 % Disponible en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/en-20-anos-colombia-aumento-uso-de-plaguicidas-en-un-360.html Fecha de acceso: 03 de junio de 2018

Comunicado

por: El Cabildo Gobernador Kogui del Resguardo Kogui –Malayo– Arhuaco & Parques Nacionales Naturales de Colombia

Comunicado a la opinión pública – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN sobre la muerte de dos ejemplares de cóndor (Vultur gryphus), que aparecieron “en inmediaciones del páramo de La Cebolleta, sector de la cuenca alta del Río Sevilla de la Sierra Nevada de Santa Marta”

“Una vez extraídos los dos cóndores de la zona, la comisión terrestre realizó los protocolos correspondientes para la toma de información y el manejo de los restos de un novillo muerto encontrado junto a los cóndores, para evitar la ocurrencia de otros posibles casos de afectación de fauna en la zona. Los cuerpos de los cóndores fueron trasladados hasta la ciudad de Santa Marta por parte de la Fuerza Área Colombiana, depositados en congelador del INVEMAR y luego llevados al  laboratorio del Instituto Alexander von Humboldt en Bogotá donde se congelaron. Posteriormente se realizó la necropsia de los animales por parte de expertos del Humboldt, médicos veterinarios y profesionales de Parques Nacionales. Seguidamente gracias al apoyo del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Cartagena se hicieron pruebas de los contenidos estomacales obtenidos de la necropsia.

Contando con los informes de campo, de la necropsia y de los resultados del laboratorio de Ecotoxicología, se realizó una reunión entre expertos del Instituto Alexander von Humboldt, CORPAMAG, Parques Nacionales y autoridades y líderes del pueblo Kogui, donde se analizaron los resultados. Se encontró que a partir de los exámenes físicos, las secreciones halladas en los cuerpos, las condiciones de las muestras recuperadas en la cavidad gástrica, así como los resultados de los análisis toxicológicos, se puede inferir que existen evidencias para sugerir que las muertes de los dos ejemplares de cóndor pudieron haber ocurrido por intoxicación debido a la ingestión de trozos de carne contaminada con carbofuranos, ya que estos fueron los únicos elementos extraños hallados dentro de las dos aves.

Una vez revisado el registro de venta de plaguicidas químicos de uso agrícola a junio 15 del 2018, los productos registrados cuyo ingrediente activo es Carbofuran, y según el listado emitido por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), son alrededor 30 a pesar de que su venta se encuentra cancelada en el territorio colombiano desde el año 2009 debido a su alta toxicidad.

En el lugar donde ocurrieron los hechos se evidencian presiones sobre estos ecosistemas ambientalmente sensibles asociados con ganadería, turismo y expediciones sin permisos del Resguardo y la autoridad ambiental.

Los hallazgos generaron gran preocupación en todas las entidades participantes y en especial en las autoridades indígenas, quienes decidieron iniciar las investigaciones al interior de la comunidad, de acuerdo a sus normas culturales. Igualmente se acordó realizar una reunión de carácter interno con las autoridades de los sectores de San Javier, Ulezhi y Palestina para analizar la situación y tomar las medidas correspondientes en términos de responsabilidades y medidas de control para evitar que se vuelvan a presentar situaciones similares.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita el apoyo de las entidades competentes con el control, regulación y sanción a la comercialización de sustancias altamente tóxicas, así como con el proceso de investigación para esclarecer cómo estas sustancias se comercian y llegan a lugares tan remotos y de alta sensibilidad ambiental.

El Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco y Parques Nacionales agradecen el valioso apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Instituto Alexander von Humboldt, CORPAMAG y al Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Cartagena, quienes fueron unos aliados muy valiosos en el proceso de esclarecimiento de esta lamentable situación y se espera que, a partir de las medidas que se tomen, no se vuelvan a presentar hechos similares en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en ninguna área protegida”



OPINIÓN | 2018/06/25

Los peligros de modificar la Reserva Thomas van der Hammen

por El Instituto de Estudios Ambientales y el Observatorio de Conflictos Ambientales

El principal objetivo de la Reserva Thomas van der Hammen ha sido y deberá seguir siendo fortalecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, conectando los ecosistemas potenciales (que necesitan ser restaurados) desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, así como contener el crecimiento de la ciudad en el borde norte.

La EEP es imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad en el Distrito Capital, condición necesaria para la resiliencia climática y la provisión de beneficios ecológicos para los capitalinos, y en general para la región. Sin embargo, la Administración Distrital actual considera que las restricciones a la urbanización que operan en esta zona – con tratamiento de suelo rural y de reserva forestal – no han sido efectivas para controlar un crecimiento que se presenta a su juicio “desordenado”. Igualmente,  afirma que se ha ejecutado menos del 1% del presupuesto requerido para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva, expedido en 2014, pues no ha sido una prioridad para las diferentes administraciones, ni para las entidades que concurren en su gestión, y que además no cuentan con “mecanismos de financiación” para esto (Propuesta Alcaldía Cap. 1 p.14) [ver artículo "11 años después: la tardía declaratoría de la Reserva Thomas van der Hammer por parte de la CAR"]. Es decir, desde su declaración la Alcaldía y la CAR se han cruzado de manos mientras la Reserva (o su posibilidad) se desvanece ante un desarrollo urbanístico que–según el equipo de la alcaldía que lidera la propuesta– ya no tiene marcha atrás.

El asunto de la “inevitable” urbanización de la zona norte es fundamental porque ahí reside el sesgo de la propuesta que pretende modificar la Reserva. Las bondades del esfuerzo técnico de establecer los “corredores ecológicos”, los pasos de fauna, la incorporación de nuevas áreas como rondas de quebradas y humedales, y el cambio de categoría de reserva forestal productora a reserva forestal protectora, se vienen al piso cuando se contemplan escenarios con una matriz urbana que circunda y rellena las grandes áreas sustraídas a la Reserva. De ese modo, se desarticula la zonificación actual que concentra las áreas dedicadas a la preservación y restauración en un espacio continuo e ininterrumpido, dando paso a unos fragmentos que mezclan coberturas naturales con alamedas, separadores, caminos e instalaciones deportivas, en la vecindad de calles y autopistas que, sin duda, servirían para incrementar el valor del metro cuadrado de los proyectos urbanísticos, pero que minan su funcionalidad ecosistémica. Así lo han advertido los profesores de la Universidad Nacional Orlando Rangel y  Gary Stiles y la Doctora  Loreta Rosselli, expertos en la materia.

Resulta claro que el estudio de la Alcaldía ignora el enorme impacto negativo que tendría sobre la Reserva, la vecindad de tales urbanizaciones, dado que, como toda área protegida, requiere un área de amortiguación y una continuidad en sus corredores, no un manejo fragmentado que la presione en su borde. Cualquier complejo urbanístico ubicado en el área  de influencia genería altos impactos ambientales relacionados, (principalmente) por ejemplo, con:  los vertimientos que presionarían probablemente un sistema de tratamiento de aguas residuales ya desbordado, afectando aún más los cuerpos hídricos. (Adicionalmente,) Y la masiva infraestructura vial proyectada, insistiendo en nuevas líneas de Transmilenio y su tóxica estela de diésel, la generación de residuos y en general la  contaminación auditiva y visual, que modificarían el carácter rural de la zona noroccidental de la ciudad (y) comprometiendo los objetivos de conservación de la Reserva y en general, el bienestar social de largo plazo a cambio del beneficio privado de las empresas constructoras y de los grupos sociales que pueden pagar y añoran vivir en la zona norte con espacios verdes reservados. Al respecto, cabe mencionar que ya avanza la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima que mejorarán la movilidad en el borde norte1, sin tener en cuenta otras modalidades de transporte viables como podría ser el tren de cercanías.

Tras analizar 4 escenarios, el estudio presentado por la Alcaldía se decanta por el que propone una “Reserva redelimitada en matriz urbana”, afirmando que dicha opción no afecta la conectividad de los hábitats terrestres y es la que ofrece mayor movilidad (¡y menores emisiones!), espacio público, calidad habitacional, espacios verdes efectivos y no efectivos, oferta de equipamientos y la que “cumple mejor con el objetivo de acercar la población a la naturaleza” (Cap. 7C p. 6, 16-18)2. Como se puede ver en el capítulo 7C del estudio, la Alcaldía pierde el foco en la reserva concentrándose en defender las bondades de un eventual desarrollo urbanístico (pareciera más un estudio sobre un eventual proyecto urbanístico que sobre la delimitación de una reserva  forestal protectora).

Otra de las justificaciones del estudio para terminar de urbanizar el norte de la ciudad, teniendo en cuenta que el proyecto vecino “Ciudad Lagos de Torca” abarcará 1800 hectáreas y alojará cerca de medio millón de personas3, es asegurar que sólo de este modo se pueden financiar los componentes ambientales involucrados. Es decir, ¿si no es por medio del negocio de la urbanización, la Alcaldía no encuentra otros medios para atender los desafíos que impone el cambio climático, el cuidado de las rondas de las quebradas y la protección de la biodiversidad? Lo cual resulta irónico, ya que la expansión urbana es parte del problema… Entonces, ¿cómo hacerle entender al Alcalde que los programas ambientales no son un capricho, ni lujo, sino un derecho de la ciudadanía y una necesidad de cara a la sostenibilidad de la ciudad?

Como se ha subrayado insistentemente desde la década de 1970, el crecimiento ilimitado en un mundo finito no sólo no es sostenible, sino que no es posible. Sin duda habrá un mercado para las viviendas que proyecta el Alcalde con beneficio de algunos pocos bolsillos –de por sí ya abultados–, pero será un mercado del cual seguirán siendo excluidos los marginados del desarrollo que día a día engrosan las periferias y los remanentes de los ecosistemas hídricos que comprende Bogotá.

Como señala el geógrafo británico y connotado estudioso de los fenómenos urbanos, David Harvey, ya no se construyen ciudades para vivir en ellas sino para invertir en ellas4. Quizás para algunos sea una buena inversión, pero no será una solución para la segregación socio-espacial que esgrimen los que proporcionan estos proyectos (Cap. 7C p.17), ni para la sostenibilidad de la ciudad ni mucho menos para el ambiente.

Mirar, por ejemplo, los efectos de la urbanización en Chía promovida como un acercamiento a la naturaleza, de la cual ya queda muy poco, con obligación de comprarle agua al acueducto de Bogotá, o el caso del Relleno Sanitario de doña Juana que se ha venido ampliando temerariamente tanto su “vida útil” como su extensión en más de 500 Ha, sin buscar una solución de fondo. La expansión urbana en el borde sur de la ciudad ha estimulado la migración de miles de personas que no cuentan con las dotaciones urbanas adecuadas y cuya calidad de vida se ve fuertemente deteriorada, proceso que va de la mano con la destrucción del patrimonio ambiental y cultural de la ruralidad (Modelo de Ocupación Territorio Borde sur . Secretaria de Planeación 2015). Fomentar -en lugar de contener- el crecimiento de Bogotá es una irresponsabilidad mayúscula.

Así las cosas, si la Reserva se modifica de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía, el paso siguiente será modificar el uso del suelo en la Unidad de Planeación Rural Zona Norte a suelo de expansión urbana, que es –a todas luces– a lo que apunta la administración Peñalosa, ¿dónde quedará entonces espacio para el ambiente sano y la calidad de vida urbana y rural de las y los habitantes de la ciudad? ¿queremos de Bogotá una ciudad para vivirla o para sufrirla? Es claro que la propuesta responde a intereses económicos y políticos acudiendo a  justificaciones técnicas,  y no a intereses ambientales como inicialmente se concibió la Reserva.

Referencias

Estudios de soporte requeridos para la solicitud de realinderamiento, recategorizacion y sustracción para la reserva forestal productora regional Thomas van der Hammen en contexto con la UPR Norte y con la red de paisaje circundante. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación (2018). Disponible en: http://bogota.gov.co/van-der-hammen/informes-y-estudios.html

 

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2 También afirma cosas que no se entienden como “el Escenario 4, sin utilizar una mayor cantidad de suelo sería el más poblado y denso, lo cual genera una optimización del uso del suelo y permite su protección a nivel regional para la provisión de alimentos” (Cap. 7C p.16)

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3 Sumando a esto que las edificaciones pueden tener más de 8 pisos de alturas, afectando la funcionalidad de los corredores, los flujos de aves, insectos, etc., según el Decreto Distrital 088 de 2017.



#NuevasInvestigativasOCA| 2018/06/06

La estela detrás de la explotación del carbón en el centro del Cesar: afectaciones asociadas a su transporte y embarque

Es común asociar al extractivismo con la explotación de riquezas naturales que dan lugar a ciclos de bonanza, muy dependientes de ciertos umbrales de rentabilidad los cuales propician crecimientos sociales y económicos alrededor de los yacimientos, sin que los mismos establezcan “encadenamientos productivos permanentes con unidades económicas locales” (Pérez, 2011). Sin embargo, el extractivismo debe leerse como una cadena que involucra actividades más allá de la explotación de recursos en sí misma: en efecto, para llegar a sus lugares de destino, dichos recursos naturales deben ser movilizados, mientras que su extracción y utilización significa la generación de residuos, con lo que sus implicaciones claramente trascienden el lugar en donde ocurre la explotación.

Tal es el caso de la explotación de carbón en el centro del Cesar, donde la apuesta extractiva empieza a hacerse evidente con la suscripción de contratos en las postrimerías de la década de 1980, entre la estatal CARBOCOL (actual Agencia Nacional de Minería) y transnacionales como la estadounidense Drummond y PRODECO, filial de la suiza Glencore. Estos contratos buscaban la explotación de grandes minas como La Loma, cuya entrada en operación supuso un desafío mayúsculo pues las previsiones de hacerla efectiva para mediados de la década de 1990 se vieron amenazadas por la inexistencia de medios de transporte y de lugares de embarque para su posterior exportación. De hecho, para aquellas fechas el transporte se hacía mediante tractomulas con los costos que ello representaba, dado el menor volumen de carbón transportado, así como los riesgos presentes en las vías por las que se adelantaba la movilización de la carga, en un contexto en el que arreciaban los ataques guerrilleros contra este tipo de medios de transporte.

Tan solo el Consorcio Público Privado INTERCOR-CARBOCOL que explotaba las minas de El Cerrejón en La Guajira (hoy bajo control total de transnacionales) disponía de vías férreas las cuales incrementaban la competitividad, considerando la reducción en los costos de transporte que dicha infraestructura facilita.

Otro de los cuellos de botella a los que se enfrentaron los nuevos jugadores, tenía que ver con los puntos de embarque para la posterior exportación del carbón: nuevamente, el consorcio CARBOCOL-INTERCOR mandaría la parada en la materia, gracias al megapuerto ubicado en Puerto Bolívar por el que evacuaban los enormes volumenes de carbón extraídos en Albania, Hatonuevo y Barrancas (La Guajira). Los demás exportaban en los muelles de Santa Marta y Barranquilla, los cuales contaban con menor capacidad.

En ese orden de ideas, la década de 1990 sería un período de búsqueda constante de alternativas para destrabar el transporte y el embarque de carbón, el cual generaría acaloradas discusiones sobre el punto por el que se exportaría este material energético, llegando a contemplar –incluso– a Bahía Concha al interior del Parque Nacional Natural Tayrona. De igual forma, la rehabilitación del corredor férreo entre Bogotá y Santa Marta estuvo atravesada por las controversias, dadas las cuantiosas inversiones en el ramal La Loma-Ciénaga (entre los departamentos del Cesar y Magdalena) que claramente fueron pensadas para facilitar la movilización de carbón de las nacientes minas: recursos que giró la estatal FERROVÍAS (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) al consorcio Conciviles-Odebrecht, cuyas obras iniciaron en 1995 y finalizaron dos años más tarde con notables sobrecostos (el monto global, a precios de 1997, fue de US$145 millones), para luego ser concesionada a la estadounidense Drummond.

Por su parte, la construcción de un megapuerto alterno al de Puerto Bolívar (La Guajira), recibiría un impulso considerable gracias al CONPES 2825 de 1995, a partir del cual se conformaría PROPUERTOS: una promotora integrada por los grandes carboneros (menos Drummond y El Cerrejón) que tuvo en sus manos, entre otros puntos, la identificación de los posibles lugares en el que se ubicaría el Puerto. Esta discusión tampoco fue sencilla, pues condujo a una disyuntiva frente a la vocación que quería dársele a varios puntos del litoral Caribe, al involucrar lugares emblemáticos como Bahía Concha, bahía Zuñiga o Punta Betín (Santa Marta, Magdalena), el costado derecho de la desembocadura del río Magdalena al lado de la Vía Parque Isla de Salamanca o entre el río y la ya menguada Ciénaga de Mallorquín (Barranquilla) e –inclusive– la turística Barú en la ciudad de Cartagena (Bolívar), para finalmente ubicarse en Ciénaga (Magdalena): municipio vecino de Santa Marta que corrió con tal suerte gracias a la priorización dada al tema y a la presión ejercida por varios sectores productivos samarios, los cuales rechazaron la ubicación del puerto en la ciudad en razón de los impactos que trarería sobre el turismo.

Lo que no anticipaban era que los impactos ambientales asociados a la actividad de transporte y embarque de carbón (p.ej. la emisión del polvillo de carbón) no tienen en cuenta barreras administrativas, por lo que los mismos se harían extensivos a la bahía de Santa Marta que vería desmejorados sus valores paisajísticos, más aún, considerando la modalidad de embarque indirecto mediante barcazas que propició el deterioro ambiental, debido a hechos concretos como –por ejemplo– los hundimientos que motivaron la expedición del Decreto 3038 de 2007, el cual ordenó el cargue directo a partir del primero de enero de 2014. Similar panorama se registraría en medio de las poblaciones vecinas a las vías férreas por donde se moviliza el carbón, las cuales vieron rota la continuidad de sus territorios lo que dificultó la movilidad. A ello se sumaría la mayor incidencia de enfermedades asociadas al polvillo de carbón, el desplazamiento de familias que han ocupado la zona desde hace muchos años, entre otros efectos negativos.

Estos y otros temas son objeto de los análisis que está construyendo el Observatorio, alrededor del conflicto por el transporte y embarque de carbón entre los departamentos de Cesar y Magdalena. Para mayor información sobre la Ficha y Cartografía del caso, así como de varias de las Fuentes que sirvieron para la redacción de esta nota, visitar ‘Transporte y embarque de Carbón – Drummond - PRODECO – Cesar y Magdalena’, en: http://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/5   

Testimonios para piezas de comunicación

Extraídos de Silva et al. (2011)

Afectación en la pesca (litoral)


Lucy Blanco (12 de noviembre de 2009, Ciénaga)

“Bueno, en sí, en sí, mi esposo ahora mismo no está activo como le comenté, el señor de ahí no está activo y los demás si están pescando pero no aquí, en La Guajira. Se van a La Guajira, duran quinces días por allá, hacen la platica que hacen y se la traen acá a las mujeres, le hacen la compra, vuelven y se van. (…). En sí, en sí, la mujer es la cabeza del hogar porque el marido nunca está, porque ellos están por fuera, en la pesca. Ellas responden por el hogar. Esos cambios se generó ahora porque en esté mar había pesca’o. Vuelvo y le repito, se ha incrementado prácticamente el desempleo. Muchos no están haciendo nada, otros no tienen las condiciones de pronto para irse para allá a pescar. Otros se han quedado manejando ciclo taxis, moto taxis. Algo que nunca había hecho lo están haciendo ahora porque tienen mujeres, tienen hijos, tienen obligaciones”

 


Afectaciones del tren (corredor férreo)

Entrevista a Walberto Pertúz (julio de 2009)

(..) El tren pasa toda la noche y eso no deja dormir a uno, el estropicio se siente, tra, tra, tra,… (…) nos hemos quejado con la Policía, la tos persistente, mi hijo tiene tos, se ahoga, y eso es a lado y lado de la línea, los niños moqueando y hasta se desmayan porque se ahogan. Y como van las cosas va a ser peor, los trenes van más consecutivamente, cada vez más rápido, el pito más duro, los niños se asustan con ese pito. Esto demanda una gran indemnización porque esta línea no es un tren de carbón, esa es un tren de pasajeros. Aún así, se hicieron la norma para quedar así, no como antes, por donde llegaba el tren, llegaba a vender uno empanadas en la estación, yo trabajé ahí, vendí ahí, porque creaba fuentes de empleo, la gente viajaba en el Expreso del Sol , se movía todo, pero con la norma que es del tren de carbón, de ahora no se mueve nada”  

Referencias Bibliográficas

DNP. 1995. CONPES 2825 del 22 de noviembre de 1995 – ‘Estrategia para el desarrollo de un puerto carbonero integrado en la Costa Caribe para los carbones del Cesar, Córdoba y el interior del país’
Pérez, B. 2011. Historia de la captura de las rentas públicas en los Llanos Orientales. En: Romero, M (Editor). 2011 La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Corporación Nuevo Arco Iris. Pp. 75-148
Silva, F., Ardila, E. Ternera, C. & Giraldo, J. 2009. Imágenes y relatos sociales de la actividad carbonera en el Cesar y el Magdalena. Santa Marta DTCH: Editorial UNIMAGDALENA. Universidad del Magdalena, ORALOTECA – Grupo de Investigación sobre Oralidades



#NuevasInvestigativasOCA| 2018/06/06

La minería “ilegal” y la Gran Colombia Gold en el Nordeste Antioqueño. Municipios de Segovia y Remedios - Investigación en curso

En la actualidad, grandes medios de comunicación e incluso, entidades nacionales como la Contraloría, se acercan a la minería priorizando su interés en la que denominan como ilegal, ya que afirman que cerca del 80% de las actividades mineras en el país se hacen bajo esta modalidad.

in embargo, además del daño en los ecosistemas, la deforestación que ésta genera y la alerta que ha desencadenado por el uso de químicos contaminantes como el mercurio y el cianuro, la formalización de los pequeños mineros ha sido un asunto pendiente para los gobiernos nacionales desde hace varios años.

Es por lo anterior y con el ánimo de aprender y aportar en el debate, que el Observatorio de Conflictos Ambientales, junto a una egresada de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo de Investigación Poder y Territorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, viene abordando, desde hace tres meses, el conflicto ambiental por Minería de oro en el Nordeste Antioqueño. A finales de junio, ya estarán publicados los resultados en nuestra plataforma interactiva.

En esta investigación el OCA ha centrado su atención en los municipios de Segovia y Remedios, que hoy son un Distrito Minero, pero que además han sido lugares icónicos en la producción aurífera en el país.

Allí conviven la Gran Colombia Gold y la pequeña y mediana minería. Por tanto, el análisis en este territorio reviste especial importancia, dado que posibilita comprender la transformación en la presencia de empresas extranjeras en las regiones, pero al tiempo, la relación que las mismas establecen con la pequeña minería.

Los reclamos que hace un tiempo han venido visibilizando los pequeños mineros tienen que ver con el reconocimiento de esta actividad como un ejercicio ancestral o un medio para su subsistencia. A través de diferentes movilizaciones exigen que se discuta la categoría”ilegal”, pero que de la misma forma, el Estado promueva la satisfacción de los derechos de las personas que viven en el nordeste antioqueño, en un contexto de conflicto armado y violación de Derechos Humanos.

Hace casi un mes la prensa anunciaba que la extracción de oro en el país se duplicaría gracias a la inversión que empresas extranjeras hacen en Antioquia, en los complejos de Santa Rosa, Cisneros y Buriticá.

Con toda seguridad esta investigación del OCA permitirá avanzar en la comprensión de la actividad minera en el país que, de acuerdo a lo anunciado, aumentará.