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Salida de campo – Asignatura de Conflictos Ambientales 2019 II (FCE-UN)
Código SIA: 2027393
Por: Omar Fernando Clavijo Bernal
Fotografías: Jenny Paola Santander Durán
Las discusiones en torno a los Planes de Ordenamiento Territorial en Colombia son temas que, por lo general, no despiertan mayor interés en la agenda mediática, sin embargo, conforme aumenta la comprensión sobre la relación entre el bienestar social con el tipo de proyección que se le confiera a los territorios objeto de estos instrumentos, suele haber mayor apropiación de estos temas que se acrecienta en presencia de ciudadanías observantes y movilizadas.
Los hechos en Bogotá han sido sintomáticos de lo anterior, en la medida en que la ciudad crece, así como sus problemáticas asociadas, en un momento en el que se actualiza su carta de navegación sin las garantías suficientes para la participación, todo lo cual le resta legitimidad, al tiempo que incrementa las suspicacias sobre el presunto favorecimiento de los intereses del sector inmobiliario, por parte de la saliente Administración Distrital.
El enfoque anterior parte de asumir que los procesos de ocupación y apropiación social del territorio no se agotan en los instrumentos administrativos o disposiciones emanadas de las autoridades gubernamentales, por el contrario, surgen de trayectorias particulares en que grupos humanos generan arraigos con el entorno habitado, no sólo desde una perspectiva instrumental (uso de la funcionalidad provista por los ecosistemas con los que interactúan), sino simbólica en la que ese entorno se vuelve parte constitutiva de los lazos forjados al interior de la comunidad y como referente del lugar que se ocupa en el mundo, en otras palabras, en parte esencial de una territorialidad que reconoce la existencia de diversos actores con distintos grados de incidencia social que explican la inclusión, o no, de las respectivas visiones del territorio en la gestión y planificación del mismo.
Conscientes de estas discusiones, así como del carácter socialmente construido de los territorios y de la estrecha relación entre naturaleza y sociedad, la 3ª versión de la salida de campo de la asignatura de Conflictos Ambientales del Programa de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo –llevada a cabo el pasado 2 de noviembre– tomó dos puntos de la ciudad (Alto Fucha y Humedal Tibabuyes), buscando destacar dos elementos que convergen en el debate sobre la sustentabilidad de la ciudad: la Estructura Ecológica Principal y la permanencia territorial.
Fotografía 1. Grupo Asignatura Conflictos Ambientales 2019 – 03.
Casa de la Lluvia [de ideas]. Barrio La Cecilia, localidad San Cristóbal
Tal ha sido el caso del barrio La Cecilia, ubicado en la localidad San Cristóbal, al suroriente de la ciudad, en donde se tuvo la oportunidad de conocer las dinámicas de ocupación que allí se dieron, representativas del carácter informal en que se fueron poblando zonas extensas de la ciudad, fruto de los desplazamientos de tipo económico o motivados por la violencia presente en varios puntos de la geografía nacional (1).
Pese a su carácter informal o signado por la marginalidad (políticamente conferida), las poblaciones inmersas en estas dinámicas son portadoras de visiones e historias de vida, las cuales generan arraigo territorial que no se limita al lugar de nacimiento, sino que comprende una perspectiva procesual de la que es posible observar el cómo surge el tejido social, desde la construcción de lazos fundamentados en la solidaridad y el compartir realidades comunes.
Fotografía 2. Charla al interior de la Casa de la Lluvia [de ideas]
Esa fue, quizás, la principal lección que se extrae de conocer la Casa de la Lluvia [de ideas], experiencia de autoconstrucción comunitaria que, más allá del tipo de materiales y de la propuesta innovadora en términos de arquitectura, destaca por quienes participaron (las comunidades), el enfoque que la orientó el cual toma la cultura como dispositivo de ordenación territorial y la arquitectura [como] un dinamizador cultural (Franco, 2014), así como los procesos de apropiación del lugar que impulsaron y el fortalecimiento de las capacidades locales al momento de interactuar con otros actores como, por ejemplo, las entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ilustrativa la experiencia de Don Francelías, oriundo de Caldas pero firmemente arraigado a este territorio, cuando refiere el derecho a estar en la ciudad y a disfrutar lo que para muchos es un privilegio: escuchar el canto de las aves, mientras se respira el aire puro y se disfruta de las mañanas propias de los cerros orientales.
Precisamente, ello explica la fuerte disputa que allí sostienen las comunidades con proyectos de la Administración Distrital, como el Sendero de las Mariposas y el Parque Lineal del río Fucha, así como con la zonificación de riesgos: intervenciones y decisiones que se leen como intentos por expulsarlos del territorio, dados los atributos paisajísticos y de localización del lugar, así como la fuerte presión sobre el suelo en razón de ubicarse en la denominada Franja de Adecuación de los Cerros Orientales, área sustraida de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros, en cuyo interior no es posible urbanizar debido a su carácter de área protegida.
Fotografía 3. Intervención mural en el Barrio La Cecilia
Mención especial merece la Reserva Ecológica El Delirio, en donde nace el río Fucha y en donde es posible encontrar numerosas especies de fauna y flora. Aquí se erige la primera planta de tratamiento moderna de Bogotá y del país, Vitelma, cuya construcción se remonta a inicios del siglo XX y gracias a la cual se atienden los requerimientos de agua potable de parte de la ciudad. Precisamente, es acá en donde puede constatarse la relación entre naturaleza y sociedad, no sólo desde los beneficios que provee la primera, sino en el relacionamiento que con ella sostienen las comunidades, las cuales son parte –o deberían serlo– de las estrategias de conservación y de gestión del riesgo, considerando su resiliencia al momento de adaptarse a situaciones cambiantes, así como los significados culturales y arraigos frente al territorio, tal y como relata Don Humberto quien a sus 80 años relaciona al río Fucha con una mujer, remontándose a los orígenes Muiscas de su nombre y a la abundancia que le rodea.
Fotografía 4. Don Humberto y los relatos en torno al río Fucha
Fotografía 5. Zonotrichia capensis (Copetón) en la Reserva Ecológica El Delirio,
cuenca alta del río Fucha, localidad San Cristóbal – Bogotá
Son este tipo de relaciones las que aterrizan el concepto de Estructura Ecológica Principal (2), tan en boga durante la campaña a la Alcaldía 2020-2023, fruto de las movilizaciones de base que llevaron a destacar –entre otros aspectos– el rol de las comunidades en su mantenimiento y la pertinencia de incluirlas en los procesos de ordenación del territorio, como parece avizorarse con el cambio de administración. Ciertamente, la gestión de la base natural debe superar la visión de recursos, destacando –en su lugar– perspectivas relacionales que la vinculen con la sociedad, reconociendo la pluralidad de actores existente en su interior, así como sus accesos diferenciales en relación con el disfrute y uso de los beneficios ecosistémicos o la incidencia que tengan en la gestión de los mismos.
Fotografía 6. Camino del Agua El Delirio. Río San Cristóbal – Cuenca Alta del río Fucha
Fotografía 7. Río Fucha
Lo anterior conlleva a complejizar el abordaje de conservación, pues las estrategias desplegadas en función de la misma no sólo se aplican sobre ecosistemas prístinos, sino sobre áreas en las que los procesos de restauración están llamados a desempeñar un rol importante para salvaguardar valores ecológicos y, en el caso de las ciudades, para ajustar sus procesos metabólicos a límites que les permitan acoplarse a las restricciones impuestas por sus entornos regionales. Ello sin desconocer la agencia de las comunidades que, lejos de ser meros observadores o sujetos pasivos, ejercen un papel protagónico en la gestión territorial, el cual debe visibilizarse y apuntalarse en procura de construir escenarios de justicia ambiental.
Así, luego de recorrer un punto del borde suroriental de Bogotá, el grupo siguió su rumbo hacia el borde noroccidental, concretamente a los barrios Ciudadela Colsubsidio y Cortijo en la localidad de Engativá, en donde las dinámicas de ocupación y realidades sociales son diferentes, pero guardan similitud con sus pares del suroriente, en la preocupación latente por los efectos derivados del crecimiento de la ciudad, no sólo físico sino en sus procesos metabólicos en los que el mayor consumo de sus habitantes tiene su correlato en la generación de residuos, líquidos y sólidos.
Pese a que los procesos organizativos del lugar luzcan incipientes, comparado con los que han tenido lugar en otros puntos de la ciudad, puede afirmarse que existen y que su origen se rastrea en los procesos no concertados de gestión sobre ecosistemas estratégicos como los humedales, Tibabuyes o Juan Amarillo para este caso, así como en el montaje de infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales que no atienden las expectativas locales y que, amparados en una vaga noción de interés general, cuentan con la potencialidad de deteriorar entornos habitados al imponer una carga considerable sobre comunidades, a las cuales no se les ha consultado ni informado sobre las instancias o canales para la compensación de daños que puedan sobrevenir de implementarse proyectos de este tipo.
Fotografía 8. Recibimiento Colectivo ‘Somos UNO’ al grupo de Conflictos 2019 III
Fotografía 9. Mural contra la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR El Salitre
Y es que en eso también se parecen los bordes, en la vocación que se les confiere para disponer todo aquello que excreta la ciudad: recordemos que en este borde operaba –hasta finales de la década de 1980– el botadero El Cortijo, donde la entonces Empresa Distrital de Servicios Públicos – EDIS dispuso 5.000 millones de toneladas de basura en un lapso de 20 años (EL TIEMPO, 2010), para luego concentrar el problema en el Relleno Sanitario Doña Juana (localidad de Ciudad Bolívar) que ha afectado la calidad de vida de las poblaciones del sur de la ciudad, en especial las de Mochuelo Bajo y Alto, como se pudo constatar en las dos versiones previas de la salida de campo del curso de Conflictos (2017 y 2018).
Para el caso de Ciudadela y El Cortijo, el cierre del mencionado botadero –aunado al paso del tiempo– dio lugar a procesos de recuperación ecológica, en un contexto en el que se fueron implementando modelos habitacionales planeados, con amplias zonas verdes y cercanía a espacios de recreación pasiva que redundaron en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes allí viven.
Fotografía 10. Ave en inmediaciones del humedal Tibabuyes
Fotografía 11. Curí (Cavia anolaimae) en inmediaciones del humedal Tibabuyes
Por lo anterior, la tala de árboles para la ampliación de la PTAR (alrededor de 2000 sujetos arboréos) con la subsecuente pérdida de hábitat para las especies, como los curíes y las aves migratorias, generó temores que fueron transformándose en movilización en contra del proyecto de saneamiento que, si bien es necesario para la ciudad, no puede hacerse de manera inconsulta y sin explorar opciones regulatorias y de reducción o manejo de vertimientos que disminuyan su cantidad y carga contaminante. Como tampoco puede pasarse por alto la necesidad de implementar o profundizar campañas entre los usuarios del servicio de alcantarillado (domésticos, comerciales e industriales), encaminadas a subrayar que los vertimientos generados van a parar a algún lugar: no soluciona inmediatamente el problema, pero si atiende a sus móviles estructurales que reflejan ya sea la falta de empatía o el desconocimiento de la interconexión que existe en todo el territorio.
Fotografía 12. Manifiesto territorial por la defensa del humedal Tibabuyes
De esa interconexión surge otra de las apuestas principales en este territorio del noroccidente: la comprensión y defensa de las dinámicas ecológicas de los humedales, de su conectividad con otros cuerpos de agua, como los ríos, así como los beneficios que de ellos se derivan como el control de inundaciones. De allí que el endurecimiento de sus inmediaciones, ya sea por medio de obras de infraestructura (puentes) o la construcción de zonas destinadas para la recreación activa, por medio de grama sintética y montaje de complejos deportivos como está ocurriendo en Siete Canchas, no sólo atenta contra la mencionada conectividad y contra la permanencia de especies que se verían ahuyentadas por la luz y el ruido esperado durante el montaje y entrada en operación de dichos escenarios, sino que contraría el sentir de sus habitantes a los que ya se les ha reprimido por medio del uso de la Fuerza Pública, lo cual denota deficiencias en la participación y en la legitimidad de este tipo de intervenciones.
Fotografía 13. Humedal Tibabuyes, costado Engativá
Fotografía 14. Intervenciones en inmediaciones del Tibabuyes,
para la construcción de obras de infraestructura de movilidad
Los desafíos son grandes, sin embargo, el reconocimiento de otras formas de ser y estar en el territorio es un primer paso para avanzar en cambios, bajo la premisa de que los mismos son procesos y no eventos que sobrevienen de forma intempestiva, así mismo, reconociendo que todos estamos llamados a desempeñar un papel en esa construcción colectiva, conforme a las respectivas visiones que tengamos o defendamos, desde espacios de respeto, debate y consenso. Esa fue la reflexión de cierre de la salida de campo, la cual se complementa con un llamado a la ética en el ejercicio de profesional y personal, pues las decisiones u omisiones que cada uno adopte, cuenta con la potencialidad de afectar o robustecer los procesos ecológicos y de permanencia territorial.
Fotografía 15. Grupo Conflictos Ambientales 2019- 03
Fotografía 16. Cierre de la jornada
1- En relación con las olas migratorias en ciudades como Bogotá, destacan aquellas registradas durante la década de 1950, cuando [la] violencia política dirigió la migración principalmente hacia (…) Bogotá, procedente de Boyacá, Santander y Tolima, viéndose reforzada en los años sesenta por flujos migratorios del Meta, el Huila, el propio Cundinamarca, y en menor medida por Valle y Antioquia (SENA & CES – UN, 1994. P. 33).
2- Entendida como el conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida (van der Hammen & Germán Andrade, 2003. P. 17).